Mineducación y Minjusticia trabajan decreto para subir estándares de registro calificado en programa

Para el Gobierno los problemas en la formación de los abogados son una de las causas claves de la crisis de la justicia. Por esto, los ministerios de Justicia y Educación trabajan en una resolución para elevar los estándares educativos de los programas de derecho en el país. Con la reforma se buscaría acercar las condiciones de calidad exigidas por el Registro Calificado a aquellas requeridas para la acreditación de alta calidad.

A propósito de la formación de abogados, se enfrió la propuesta que el Ministerio de Justicia tenía para que los abogados recién egresados tuvieran que presentar un examen para laborar en el sector público.

Informe del diario El Tiempo:

En Colombia, al menos siete de cada diez abogados se forman en programas que no tienen acreditación de alta calidad y que apenas cumplen los requisitos mínimos para recibir estudiantes universitarios. Cada año, más de 15.000 nuevos abogados salen graduados de los 165 programas de derecho existentes en el país, en los cuales se encuentran actualmente inscritos 137.948 estudiantes. Muchos de ellos logran el título en tres años o menos, pues en los últimos años se produjo una explosión de nuevas facultades que ofrecen la posibilidad de ahorrarse, en algunos casos, hasta la mitad del tiempo de carrera tradicional.

“Es necesario mejorar la formación de abogados porque el ejercicio de la profesión impacta directamente en la administración de justicia y en la materialización de los derechos de las personas”, dijo la viceministra de Justicia, Ana María Ramos. Académicos y expertos coinciden en el crítico diagnóstico, el cual se refleja en la gran cantidad de denuncias relacionadas con el mal ejercicio profesional.

Según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, entre el 2013 y 2014 casi se duplicaron las sanciones en última instancia contra abogados, al pasar de 659 a 1.250. En el 2015 fueron 1.134 y en los dos primeros meses de este año van 66 condenas disciplinarias. La cifra viene en caída no porque haya mejorado la gestión de los abogados, sino porque la Sala Disciplinaria, que hoy tiene solo tres de siete magistrados titulares, lleva meses en interinidad. El limbo en el que está hoy la reforma de equilibrio de poderes –que eliminó la Judicatura y creó nuevos órganos de control– amenaza con la prescripción de miles de procesos contra abogados y jueces denunciados por incumplir con su deber.

Según las estadísticas de la Judicatura, los mayores ‘pecados’ de los abogados son: demorar las gestiones encomendadas dentro del ejercicio del cargo que desempeñe o no hacerlas; no entregar a quien corresponda dineros, bienes o documentos; aceptar encargos profesionales para los que no están capacitados; ejercer ilegalmente; intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, y dilatar procesos con la interposición de recursos y con el abuso de las vías de derecho. Estas faltas pueden representarles a los abogados desde multas y suspensiones hasta inhabilidades definitivas para el ejercicio de su profesión. Este año se les ha impuesto a dos de ellos la prohibición de ejercer de por vida.

Con la reforma que propone el Minjusticia y que cobraría vida por resolución del Mineducación, se buscaría, “dentro de un pleno respeto a la autonomía universitaria, acercar las condiciones de calidad exigidas por el Registro Calificado a aquellas requeridas para la acreditación de alta calidad”. Esto es: que los docentes tengan especializaciones en derecho y no solo la carrera básica; que su vinculación laboral con la institución no sea informal y que haya proyectos de investigación e internacionalización desarrollados por la facultad, y que la planta física de los centros educativos sea adecuada. Los semestres de tres meses o menos también están bajo la lupa.

‘Falta calidad’

Martha Lucía Zamora, presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dice que el incremento exponencial de la expedición de tarjetas profesionales –en el año 2005 se expidieron 9.339 y en el año 2015, 15.246– no puede considerarse proporcional a la calidad de los profesionales.

En la misma vía, Juan Carlos Forero, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, asegura que“la gran reforma de la justicia nunca estará en cómo se eligen magistrados sino que empezará cuando las facultades de derecho se preocupen por la formación humanista”. “¿Qué queremos de un abogado? Queremos buenos seres humanos”, señala. Juan Carlos Henao, rector del Externado, hace énfasis en que es necesaria la reforma, pero siempre garantizando la autonomía de las instituciones educativas: “El problema de las facultades de derecho es que hay desigualdad radical entre unas y otras. Así que todo esfuerzo que se haga a favor de mejorar la calidad de las facultades va a incidir positivamente en el país”, dice. Y cuestiona que “hoy, con tener un garaje y una pequeña biblioteca le dan a cualquiera el permiso para abrir una facultad. Hay una feria de instituciones de derecho, y muchas no garantizan la calidad profesional ni la ética”.

En el mismo sentido, Antonio Aljure, exdecano del Rosario, señala que “montar una facultad de derecho es muy fácil: contratan abogados, les pagan unos cuantos pesos por unas horas de clase, crean una biblioteca relativamente sencilla y está la facultad”. Por las debilidades en la formación pagan los platos rotos los ciudadanos que acuden a sus servicios. Ovidio Claros, presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura y docente de la Universidad Libre de Bogotá, manifiesta que “se ven casos en los que los abogados no saben defender a quienes están apoderando”.

Y agrega: “Uno encuentra estudiantes que en la sustentación de tesis terminan llorando. ¿Qué va a ser de ellos y sus clientes en una audencia ante un juez?” En todo caso, Juan Fernando Córdoba, decano en la Universidad de La Sabana, dice que los problemas no solo afectan a las pequeñas universidades: “Una reforma no solamente debe encaminarse a mejorar los estándares académicos, sino también los estándares éticos de la profesión, porque hay universidades muy prestigiosas académicamente que sin embargo podrían estar formando abogados que no entienden la dimensión ética de su deber”.

Fuente: http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6785:2016-04-14-12-26-15&catid=16:noticias&Itemid=198